La “Masacre de Capilla del Rosario” fue elevada a juicio

Por el fusilamiento de guerrilleros del ERP que intentaron tomar el Regimiento 17.

Desde la Fiscalía Federal se elevó a juicio la causa de “Capilla del Rosario” para ser tratada por los magistrados del Tribunal Oral.
La causa sindica a los ex militares Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, Jorge Ezequiel Acosta y Mario Nakagama como los responsables de haber llevado a cabo el fusilamiento de integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, también denominado ERP.
A causa de ello, recae sobre ellos la carátula de autores mediatos de homicidio doblemente calificado, por la intervención de dos o más personas y por alevosía.
De acuerdo a la acusación, el 9 de julio de 1974 entraron a la provincia desde Tucumán casi medio centenar de militantes de la compañía del monte “Ramón Rosa Jiménez”, pertenecientes al ERP. Los mismos se asentaron en Banda de Varela a los fines de asaltar el cuartel del Regimiento de Infantería 17 en busca de armamento, con la colaboración de contactos locales.
Sin embargo fueron divisados por dos ciclistas mientras se alistaban para concretar la maniobra, dando aviso a la policía.
En la madrugada del domingo 11 de agosto, arribaron a la base operativa a bordo de varios patrulleros efectivos de la Comisaría Tercera y de la División de Investigaciones, quienes se enfrentaron a los guerrilleros en un combate armado.

 
El saldo del mismo fue la muerte de Carlos Gutiérrez y Norberto Ruffino, ambos militantes, mientras que Rutilio Dardo Betancourt Roth y dos policías quedaron heridos de gravedad.
En vista de que la presencia del ERP no había pasado inadvertida, el operativo se vio frustrado y se ordenó la retirada. La mayoría de los militantes, vestidos de guerrilleros, lograron salir de la provincia con éxito, mientras que 28 de ellos fueron capturados tras quedar en distintos grupos aislados. Otros nueve fueron apresados luego de distintas búsquedas y un grupo acampó cerca de la “Quebrada de los Walther”, ubicada a unos pocos kilómetros de la Capilla del Rosario.
El día siguiente la policía salió en busca de estos últimos, pero al comenzar otro enfrentamiento armado se produjo la baja de un oficial. El teniente coronel Anello solicitó entonces el apoyo del regimiento 17 en la lucha y alrededor de 60 soldados con apoyo aéreo llegaron al lugar.

 
Llegado este punto, en un principio se informó que los 14 guerrilleros murieron en pleno combate, pero posteriormente la investigación reveló que los mismos habrían peleado hasta quedar sin municiones, optando por presentar su rendición luego de ello.
La instrucción indica que, por orden del segundo jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, General José Vaquero, los guerrilleros fueron fusilados a sangre fría.

“Este juicio terminó, pero nosotros familiares seguiremos en la lucha”

Luego de dictada la sentencia contra Rauzzino y Lucena.

“Este juicio terminó, pero nosotros familiares seguiremos en la lucha”

Bajo un manto inicial de disconformidad con las penas impuestas, concluyó el viernes el primer juicio por delitos de lesa humanidad realizado en nuestra provincia. En el mismo, se condenó a Carlos Alberto Lucena a 16 años de prisión y a Juan Daniel Rauzzino a 10, por asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad agravada, en la tónica de la desaparición y posterior muerte de Griselda del Huerto Ponce, Francisco Ponce, Julio Genaro Burgos y Nelly Yolanda Borda durante los tiempos del proceso militar.
Con las aguas más calmas y tiempo de reflexión, salieron a la superficie otras cuestiones, y si bien los familiares, quienes también son víctimas de estos hechos, se mostraron confundidos durante la lectura de las sentencias, comenzaron a valorar el hecho de que lo sucedido en el Tribunal Federal fue un hecho histórico. Por primera vez, se reconoció que existió en la provincia el terrorismo de Estado y había una organización sistemática para exterminar personas y ésta se llevó cuatro vidas.
Siguiendo este pensamiento, Noemí Toledo, sobrina de Francisco y Griselda Ponce, y prima hermana de Julio Burgos, se comunicó con El Esquiú.com para acercar su impresión respecto a este acontecimiento.
“Para nosotros, cuando comenzó el 23 de abril no podíamos creer que estuviera sucediendo, que estos personajes perversos se encontraran sentados en el banquillo acusados por la desaparición y muerte de nuestras familias. Esperamos muchos años, golpeamos muchas puertas, hablamos con mucha gente y nadie nos escuchó, ninguno hizo nada, nadie nos ayudó. Al contrario, en muchos casos hemos pasado discriminación, soledad, burlas, dolor, pero todo eso quedó atrás. Pasaron los días e íbamos atestiguando toda la familia, toda la que queda, porque varios se nos murieron esperando saber algo de ellos”, indicó Noemí.
Respecto al momento de ser parte del medio centenar de testimonios, expresó: “...me costó mucho dar mi testimonio, no porque no recuerde lo que sucedió ya que tengo impresa en el alma cada cosa que me pasó, sino que tenía que separar todo lo sentimental en mi relato, no quería dar lástima ni ventilar tanto dolor que nuestra familia pasó, sólo transmitir la verdad y cómo sucedieron los hechos, sin mezclar broncas, miedos, dolor, impotencia. Tenía que tratar de hablar claro, no llorar, pelear con mis nervios para decir todo prolijamente, pero fue tanta la tranquilidad que tuve en ese momento sentada allí hablando, contando lo que 36 años tuve guardado, que las palabras me salían solas, me hicieron muchas preguntas y eso me agradaba porque sentía que alguien se interesaba en saber lo que tenía para contar, que alguien por fin me escuchaba y podía expresarme libremente”.
“Los Borda y los Ponce no nos conocíamos y tenemos mucho en común. Si bien Yolanda, Gregorio, Griselda y Julito son los únicos que desaparecieron en esta provincia, son más de 30 hermanos catamarqueños que padecieron la tortura y muerte de la dictadura”.
Veredicto

Cuando el juez y presidente del tribunal Juan Carlos Reynaga comenzó la lectura de la sentencia, al llegar al sexto dictamen se produjo el malentendido en cuanto a la prisión domiciliaria de los imputados, la cual será solamente hasta que la sentencia quede firme.
“Nuestra primera reacción fue de repudio, bronca, impotencia después de tantos años de lucha silenciosa, les dijimos muchas cosas, desde asesinos, hacer justicia por manos propia y gritarles todo tipo de insultos, no sólo a los personajes nefastos sino a los jueces que fueron tan benevolentes con el veredicto. Pero hoy ya más calmos hemos rescatado lo más importante: se logró llevar a juicio a dos de los responsables de secuestros, torturas, muerte y mutilación de nuestras familias, se logró una condena y son culpables por delitos de lesa humanidad en Catamarca”, dijo Toledo.
“Abuelitos dulces”

Arrancada de su vida tranquila para convertirse en una luchadora, Toledo manifestó lo que fueron tantos años de lucha: “Hay quienes taparon lo sucedido, personas que saben mucho y por miedo siguen callados, están los indiferentes que no opinan ni les importa lo que sucedió en Catamarca porque pasó hace mucho y para qué revolver el pasado, y quedan los que emiten su opinión agresiva sin conocer quiénes fueron realmente estas personas desaparecidas y estos genocidas con tanta historia sembrando el miedo, el dolor, la muerte y tantos hechos aberrantes durante tantos años, y que ahora se los ve con esa arrogancia hechos unos padres amorosos y abuelitos dulces, que no discuto que lo deben ser, claro, con su familia, pero a nosotros no nos permitieron disfrutar de una vida familiar como ellos, que destacaron durante todo el juicio la hermosa familia que constituyeron ¡Qué suerte que tuvieron!”.
No todo está dicho y aún quedan muchas instancias para agotar respecto a la sentencia dictada contra Lucena y Rauzzino, y las familias involucradas son conscientes de ello. “Este juicio terminó en cierto modo porque nosotros, familiares, seguiremos en la lucha, tenemos mucho camino todavía, Catamarca debe saber toda la historia, que conozcan con nombre y apellido quiénes fueron los cómplices, civiles, eclesiásticos, policías, militares y los que se decían amigos de esa época que todavía caminan al lado nuestro por nuestra calles, como si nada hubieran hecho y que son tan culpables como éstos individuos que se juzgó”.
Finalmente, Toledo rescató lo positivo de que el debate por estas cuatro desapariciones se haya realizado: “¡Después de 36 años, sí fueron secuestrados, sí fueron trasladados a la policía, sí fueron torturados y sí los mataron!”.

Genocidio gratis: condenados por asociación ílicta y a su casa

El tribunal les imputó sólo asociación ilícita. Los condenaron a 16 y 10 años de cárcel, y les concedieron el beneficio de prisión domiciliaria.

 

Los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado en Catamarca se quejaron ayer por las condenas que recibieron dos represores, tras la finalización del primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia durante la dictadura. Mientras que Carlos Alberto Lucena, 16 años de prisión, Juan Daniel Rauzzino a 10 años. Ambos recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria y ninguno fue condenado por homicidio ni desaparición forzada.

A las tres de la tarde, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Catamarca dio lectura al fallo que condenó a Lucena por ser coautor material del delito de asociación ilícita en calidad de organizador, autor mediato penalmente responsable de la comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada en perjuicio de Griselda y Gregorio Ponce, Nély Yolanda Borda y Justo Burgos.

Asimismo el tribunal condenó a Rauzzino por ser coautor material del delito de asociación ilícita en calidad de organizador, autor mediato penalmente responsable de la comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada en perjuicio de Griselda Ponce y Justo Burgos.

Lucena fue condenado a 16 años y Rauzzino a 10 - Indignación por las condenas y la prisión domiciliaria.

La mayor indignación en los presentes se produjo cuando se leyó el modo de cumplimiento de la pena:  "Mantener el cumplimiento de la pena de prisión impuesta bajo la modalidad de prisión domiciliaria".

La hermana de Yolanda Borda manifestó al finalizar la lectura del fallo que "por lo menos esperaba que cumplan cárcel común efectiva".

"Ellos se van a vivir cómodamente a sus casas y dónde están los huesos de nuestros hermanos? Los jueces son unos c....", manifestó indignado uno de los presentes.

"Nos vamos con el sabor amargo por la forma del cumplimiento de la pena", dijo un abogado.Nosotros esperábamos una condena a prisión perpetua, de cumplimiento efectivo en una cárcel común. Ellos, los represores, se van a ir a sus casas y dónde están los huesos de nuestros hermanos", se quejaron allegados a Francisco Yolanda Borda, Julio Genaro Burgos y Griselda Ponce, desaparecidos en Catamarca entre abril de 1976 y enero de 1977.

La representante de los organismos de derechos humanos en la provincia, Mirtha Clérici, manifestó su indignación, al sostener que "estos abuelitos (por Lucena y Rauzzino) se van a la casa con sus nietitos, mientras nosotros estuvimos 35 años esperando justicia para esto. Todo esto es una burla para todos los que somos familiares de desaparecidos".

En tanto, mientras trataba de aportar serenidad a los familiares, uno de los representantes de la querella, Bernardo Lobo Bougeau, actual Subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación, anticipó que cuestionará la sentencia "en dos o tres aspectos que me parecen esenciales".

"Son homicidios agravados, que es lo que Tribunal descartó", enfatizó Lobo Bougeau, quien añadió que "el tribunal lo descarta como homicidios y remite copia para que sea el fiscal federal de Tucumán quien investigue en la instrucción: este es un punto sustancial de nuestro alegato que no fue tomado por el Tribunal".

El querellante y funcionario nacional de los derechos humanos, cuestionó además "el bajo monto de las penas (16 y 10 años) y por la forma de cumplimiento", al sostener que "si bien quedaron con los cargos de asociación y privación ilegítima de la libertad, creemos que correspondía una escala penal más alta".

"Vamos a recurrir en casación ante la Cámara Nacional para que se pueda aplicar una pena que sea de cumplimiento en una cárcel común y vamos a seguir bregando para que la pena sea de efectivo cumplimiento", reiteró el letrado, en medio de los reclamos de los familiares de las víctimas, tras el histórico juicio que concluyó hoy en Catamarca.

Pidieron prisión perpetua para los represores Rauzzino y Lucena

Pidieron prisión perpetua para los represores Rauzzino y Lucena
La parte acusatoria agregó la figura de “homicidio triplemente agravado”.

Los abogados representantes de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y de la familia de Nelly Yolanda Borda, conjuntamente con el fiscal del Tribunal Oral Federal, solicitaron la pena de prisión perpetua contra los represores acusados de las desapariciones forzosas de cuatro catamarqueños durante el último Gobierno de facto. El Tribunal Oral Federal, cerró la audiencia de alegatos, con la exposición de la defensa de Carlos Alberto Lucena y Juan Daniel Rauzzino, quien pidió el sobreseimiento. Los jueces pasaron a deliberar hasta el próximo viernes.
Por más de cinco horas, los abogados querellantes, Bernardo José Lobo Bugeau, Guillermo Díaz Martínez y el fiscal subrogante del Tribunal Oral Federal, Rafael Vehils Ruiz, formularon las argumentaciones en base al material probatorio incorporado durante todo el proceso, en el que se brindó testimonio de las aberraciones cometidas durante el periodo de abril del año 1976 y enero de 1977. Luego de un cuarto intermedio, el defensor Lucio Montero, alegó por tres horas, y remarcó que por 200 años de historia, la Argentina vivió sesgada de odios y rencores.

“Quisieron ocultar la verdad”

El primero en tener la palabra, fue el representante del Ministerio de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El letrado brindó detalles en el marco del contexto histórico y sobre la situación que motivó el juicio, y fue determinante al demostrar que existió participación de los imputados a través de un plan sistemático de exterminio contra la subversión.
Las tres desapariciones de Francisco Gregorio Ponce, Julio Genaro Burgos (menor de edad según lo estipulaba la ley civil de aquellos años) y Griselda Ponce, se concretaron en marco de un plan de exterminio. Los tres fueron víctimas de delitos de lesa humanidad”, recalcó.
El abogado puntualizó que los imputados Rauzzino y Lucena se movilizaron en base a un decreto en el que se disponía el exterminio de personas consideradas subversivas. “En el plano nacional cometieron un verdadero genocidio”, realzó.
Para el querellante, las desapariciones de los Ponce y Burgos, quedaron demostradas a través de diferentes relatos. Suma importancia tuvo la declaración del testigo Ortíz, un ex policía que detalló que “la mocha Ponce -Griselda- se encontraba en la División de Investigaciones”. Igual relevancia tuvo el testimonio de Juan Martín, un sobreviviente de la dictadura tucumana, quien distinguió al “Negro Rolando”, -Francisco-cuando ambos se encontraban en cautiverio.
Pero fue la incorporación a debate de lo detallado en más de 200 fojas de documentación aportadas por el testimonio de Juan Carlos “El Perro” Clemente, que permitió vislumbrar que el destino final de los tres catamarqueños fue claramente la muerte. En ese listado, se incluyen los nombres de 293 personas detenidas en la Jefatura de la policía de Tucumán, acompañados por las siglas “DF y DL”, lo que traducido significaba “Disposición final y Disposición de libertad”. Los nombres de Burgos y los primos Ponce, van acompañados por las iniciales DF.
“Se desconoce el lugar en el que las víctimas fueron ejecutadas y ocultados sus cuerpos”, explicó, “aunque en el arsenal Miguel de Azcuénagas de Tucumán se realizan aún periciales para hallar más restos óseos”.
Bugeau fue concluyente al determinar las imputaciones para Rauzzino y Lucena.”Los encartados han prestado colaboración en el destino final de las víctimas, sin el cual no habría podido cometer el destino final”.
Crímenes

Una hora después, llegó el turno del abogado de la familia Borda, Guillermo Díaz Martínez, quien comenzó sus alegatos remarcando que Catamarca no fue una isla, al igual que el resto del territorio nacional, se sumió dentro del terrorismo de Estado.
“Estos crímenes no pueden ser justificados”, reflexionó el letrado. “Estamos ante la presencia de delitos de Lesa Humanidad” y “Videla reconoció que existió un plan de exterminio del Estado”, apuntó. También recalcó que el departamento Belén fue una zona liberada por la policía, tal cual lo remarca el libro “Nunca Jamás a través de la causa por el juicio a las juntas militares”.
Después de exponer una serie de temas conectados con la desaparición de Nelly Yolanda Borda, expuso que Lucena era “absolutamente responsable” de la desaparición de la joven estudiante. “Él, como jefe del Regimiento de Infantería 17, brindó el marco necesario para que la desaparición de Nelly, que provenía de una orden de Tucumán, se ejecutara”, enfatizó. “Tenía el dominio del hecho” y agregó que además contaba con la colaboración de la policía de Catamarca.
En último lugar, el abogado homenajeó a las víctimas del terrorismo, a los sobrevivientes, y a la memoria de Néstor Kirchner y al fallecido Eduardo Luis Duhalde, ex secretario de Derechos Humanos de la Nación.
El fiscal Rafael Vehils, culminó los alegatos acusatorios. Fue para él que la participación de los dos imputados quedó plenamente acreditada a partir de todas las pruebas. “Está probada la participación de los imputados”, a la vez que agregó que “los dos sabían qué había pasado con las víctimas y cuál era el destino que les esperaba”.
“He visto comparecer al letrado a uno de los imputados en un marco familiar”, recalcó el fiscal al cierre de su alegato, “y a otro jurar por su familia su grado de inocencia. Qué suerte tuvieron los imputados, porque no le dieron esa oportunidad a sus víctimas”.

Guerra contra el Estado

El abogado Lucio Montero, fue categórico al precisar que los acontecimientos analizados en el debate, se concretaron en marco de una guerra contra el Estado.
Remarcó que sus asistidos no estarían siendo juzgados si un tribunal de la Corte de la Nación hubiera reevaluado las leyes de Punto final y Obediencia Debida. También recalcó la “liviandad y el desconocimiento que demostraron” en cuanto al funcionamiento de las fuerzas militares. “Todo lo que se pretende son las cabezas de Rauzzino y Lucena”, enfatizó.
Ese desconocimiento, apuntó, fue decisivo para que muchos de los militares procesados se encuentren detenidos por una “estupidez”: desconocer cómo operaba la cadena de mando. Ante ello, remarcó el caso de Darío Otero Arán, quien hace más de 1 año se encuentra cumpliendo prisión efectiva en la cárcel de Miraflores y el de su defendido Lucena, que hace seis cumple prisión preventiva.
Pero lo más destacable de su alegato, ocurrió cuando solicitó nuevamente la nulidad por la acusación en cuanto a la calificación de “asociación ilícita”.
“Nunca tuvimos conocimiento de la asociación ilícita, recién nos enteramos cuando volvió el fallo de la cámara de Tucumán”, y nuevamente volvió a plantear la anulación de la calificación. “No existió asociación ilícita, porque el desempeño de sus servicios eran en base a las órdenes que les conferían. Mis defendidos que nada tuvieron que ver con la participación, hoy están siendo juzgados”, manifestó.
Determinó que las desapariciones se libraron a través de servicios de inteligencia que operaban desde Tucumán. En el tramo final de sus alegatos, se emocionó al homenajear a los “cientos de Argentinos que dieron su vida por la Patria”.
La declaración de Mott

El abogado defensor Lucio Montero, solicitó que se incorpore la declaración del ex Gobernador de la provincia, Hugo Mott. El pedido se fundamentó después de que se analizara el último testimonio incorporado en la audiencia anterior, Aníbal del Carmen Salas, quien manifestó que al realizar el servicio militar fue llevado a trabajar en una oficina cuya función era la de controlar carpetas con antecedentes de personas, algunas de las cuales él conocía y con el paso del tiempo fueron desapareciendo. El letrado indicó que se trató de un testigo sorpresa, del cual no tenían conocimiento, y que tras averiguaciones posteriores se logró conocer que las personas aludidas, habían sido detenidas durante el Gobierno de Mott. El tribunal desistió de tal pedido.
Calificación legal

Querella de la Nación: Condenar a los imputados a prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua y destitución de su cargo militar, declararlo traidor de la Patria
Querella de la familia Borda: Condenar a Lucena a la pena de prisión perpetua, destitución del grado de la Fuerza Armada, declararlo traidor de la Patria.
Fiscal: Ídem anterior, pero remarcó que en caso de que el tribunal evalúe otra sentencia, Lucena debería cumplir 25 años de prisión por Asociación ilícita y privación de la libertad, mientras que Rauzzino 15 por los dos hechos antes mencionados, más violación de domicilio. Las tres partes acusatorias solicitaron prisión efectiva en el servicio penitenciario de Miraflores.
Defensa: Sobreseimiento de ambos acusados.